Diario El Informador
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció formalmente una nueva movilización federal para el próximo 12 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de la marcha es exigir al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de creciente tensión por el recorte de fondos y la falta de actualización salarial para docentes y no docentes. Esta medida de fuerza, que cuenta con el apoyo de rectores y centros de estudiantes, busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa la educación pública superior en Argentina.
La decisión fue tomada tras una reunión del Consejo Superior, donde se expuso la crítica situación financiera de las facultades y los hospitales universitarios. Según las autoridades de la UBA, los fondos girados por el Poder Ejecutivo no son suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento básicos, severamente afectados por la inflación y el aumento de las tarifas de servicios públicos.
El conflicto se centra en la aplicación de la ley que garantiza la actualización de las partidas presupuestarias de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde el sector universitario denuncian que existe una subejecución de partidas que compromete no solo las clases, sino también los programas de becas y el mantenimiento edilicio de instituciones icónicas como el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Facultad de Medicina.
¿Qué reclama la UBA y por qué genera tensión política?
El reclamo no es solo económico, sino que tiene un fuerte trasfondo político. La comunidad universitaria exige que el presupuesto sea tratado como una inversión estratégica y no como un gasto fiscal prescindible. La marcha del 12 de mayo promete ser multitudinaria, replicando el escenario de movilizaciones anteriores que pusieron en jaque la narrativa oficial sobre el ajuste en el sector público.
El impacto de la Ley de Financiamiento Universitario en las provincias
Aunque el epicentro será frente al Congreso de la Nación, se esperan réplicas en las principales ciudades del país. Universidades nacionales de Córdoba, Rosario y La Plata ya han manifestado su adhesión, configurando un frente común ante lo que consideran un "desfinanciamiento sistemático". El ajuste afecta también a los proyectos de investigación científica del CONICET que funcionan bajo la órbita de las casas de altos estudios. (ElInformador)
