Rige un aumento del 10% en nafta y gasoil

El Gobierno aumentó un impuesto que incide en el precio del litro de nafta y gasoil, lo que se trasladará en una nueva suba en el valor de venta del combustible en el surtidor. Se trata de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que la administración anterior dejó sin actualizar durante 10 trimestres consecutivos, desde julio de 2021. Estos impuestos deberían actualizarse cada tres meses según la variación del índice de precios al consumidor (inflación) acumulada del trimestre anterior, como se estableció en el decreto N° 501, de mayo de 2018.

La consultora Economía & Energía había calculado que, si los impuestos recuperan todo el atraso que arrastran desde 2021, deberían subir 377 por ciento. “Eso daría un aumento en naftas de aproximadamente 82 pesos por litro y de 60 en gasoil, que equivale a una suba promedio de  10 por ciento”, según la consultora. 

En tanto, entre las empresas que refinan los combustibles dijeron que si se actualiza el impuesto según la inflación de los últimos 10 trimestres, la nafta debería aumentar 95 y el gasoil, 65. Esto equivaldría a una suba promedio de 11 por ciento.

Finalmente, se formalizó la quita de impuestos y, según confirmaron fuentes oficiales, el incremento del precio al surtidor, que algunos calculaban podría llegar a 25 por ciento, es del 10%.

Fuentes oficiales aclararon que la actualización no será de una sola vez. Este proceso es clave para la recaudación del Tesoro nacional y las provincias. Mientras tanto, las petroleras analizan la magnitud de los incrementos para los próximos meses, basados en otras tres variables: la devaluación del tipo de cambio oficial, el precio del barril Brent y el precio de paridad de importación (es decir, que el valor sea similar al precio de importación del crudo).

En detalle, los impuestos al combustible tienen un mecanismo de actualización basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC del trimestre previo en línea con lo que prevé la normativa vigente desde 2018. (El Informador)